Debate por el fin de la matrícula obligatoria y el temor a que la improvisación domine el mercado de viviendas en Tucumán

El Gobierno Nacional avanza en una reforma integral para desregular el mercado inmobiliario, cuya medida central es la supresión de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje y la intermediación. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, plantea eliminar la exigencia del título universitario y otorgar libertad absoluta para fijar honorarios, con el fin de reducir los costos operativos y facilitar el ingreso de nuevos actores mediante plataformas digitales. Mientras sectores vinculados a las franquicias y plataformas tecnológicas celebran la iniciativa como una modernización necesaria, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán manifestó un firme rechazo. Desde la institución provincial argumentan que los colegios no encarecen el mercado sino que funcionan como un filtro ético y profesional que protege el patrimonio de las familias, advirtiendo que la desregulación abriría la puerta a personas no calificadas y posibles fraudes.

El ministro Federico Sturzenegger (foto inferior) fundamenta la reforma en la necesidad de aumentar la competencia y cuestiona que los colegios "usen el poder para fijar condiciones", calificando a los precios mínimos como “una aberración social”. Sin embargo, desde Tucumán, el Colegio rebatió esta postura al señalar que el funcionario nacional "carece de un asesoramiento correcto sobre el funcionamiento real de la profesión".

La entidad explicó que la actividad del corredor no es una carga obligatoria para el ciudadano, a diferencia de otras profesiones donde la intervención es mandatoria por ley. Según manifestó, "cualquier persona tiene hoy la libertad de realizar una operación directamente con el propietario sin contratar a un profesional, por lo que la intermediación no es un costo impuesto por el Estado". Asimismo, se aclaró que los honorarios son sugeridos y terminan siendo un acuerdo entre las partes, desmintiendo que la colegiación sea un factor "que encarezca el acceso a la vivienda".

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) también intervino en el debate tras una reunión con las autoridades nacionales. La entidad presentó tres ejes centrales que considera indispensables para el futuro del sector:

• Seguridad jurídica: Garantizar reglas claras que brinden "previsibilidad tanto a profesionales como a usuarios".

• Transparencia: Resaltó la importancia de "combatir la informalidad, protegiendo los recursos económicos de la sociedad".

• Profesionalización: Remarcó el valor de la capacitación y la matriculación como "herramientas clave para sostener la confianza en la actividad".

En sintonía con esto, desde el ámbito local destacó que los colegios tucumanos no solo capacitan, sino que "poseen tribunales de ética para sancionar malas prácticas, un servicio de control que no existe en el comercio informal". Para el Colegio, la intención de permitir que personas sin formación universitaria operen en el mercado responde a "intereses de franquicias internacionales que buscan incorporar personal sin capacitación técnica".

El debate entre competencia y protección patrimonial

La discusión enfrenta dos visiones contrapuestas. Por un lado, defensores de la desregulación como Mariano García Malbrán de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) sostienen que el modelo actual "limita la competencia" y que la tecnología ofrece herramientas de autorregulación más eficaces. En el mismo sentido, Jorge Amoreo Casotti (start-up Pint) afirmó que "lo que se propone es poner a los colegios a competir", acusándolos de funcionar como un monopolio.

Del otro lado, las cámaras nacionales y locales advierten que lo que está en juego es el ahorro de toda una vida. Nancy Vieitez, de la Cámara Inmobiliaria Argentina, recordó que el corredor matriculado es un sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera para "verificar el origen de los fondos y colaborar en la prevención de lavado de activos". El Colegio Inmobiliario reforzó esta idea en Tucumán, al señalar que la gran mayoría de las denuncias por estafas inmobiliarias involucran a personas no matriculadas, quienes operan sin estructura ni responsabilidad profesional. "El profesional respaldado garantiza la concreción de la operación bajo extrema confianza", concluyó al respecto.

Finalmente, el sector inmobiliario tucumano recordó que, aunque se sancione una ley nacional, la provincia posee su propia legislación (Ley 7455) que regula el colegio profesional, por lo que la vigencia de la matrícula dependerá de la decisión local de adherir o no a la desregulación.